Durante dos días, integrantes del sector público, privado, sociedad civil y academia, debatieron los principales retos de la macrorregión centro.
En Lima se llevó a cabo el cuarto encuentro macrorregional de ‘Tejiendo Ciudadanía’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, con el financiamiento de la Unión Europea. El evento reunió a más de 200 representantes de comunidades indígenas, sector público, privado y sociedad civil, así como participantes de nueve universidades del centro del país.
Bettina Woll, representante del PNUD, señaló que durante el último año y medio “la iniciativa Tejiendo Ciudadanía recogió perspectivas diversas, incluyendo las de las juventudes, sobre los desafíos más relevantes del país y propuestas sobre cómo enfrentarlos. Este proceso participativo y descentralizado, que ha realzado la importancia de escuchar todas las voces, nos ha invitado a seguir confiando y a seguirnos conectando para actuar de manera conjunta por el Perú”.
CRIMEN E IMPUNIDAD: UN CÍRCULO VICIOSO QUE GOLPEA LA DEMOCRACIA
La extorsión se ha vuelto una rutina. Solo en lo que va del 2025, más de quince choferes han sido asesinados en el Perú, y en los últimos dos años, más de 7,600 bodegas han tenido que cerrar sus puertas en todo el país. Pero más allá de los números, el fenómeno es más profundo: el crimen organizado no solo siembra miedo, también golpea la democracia y erosiona la confianza en el Estado de derecho.
Durante el encuentro “Tejiendo Ciudadanía”, gremios, especialistas y autoridades abordaron las consecuencias de la criminalidad organizada y su correlato más persistente: la impunidad. Lo que emergió de este diálogo fue una fotografía compleja del país, en la que el avance del crimen no solo se mide por el número de víctimas, sino por su capacidad de neutralizar instituciones, cooptar poderes y desmovilizar a la ciudadanía.
Para Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el impacto no es solo económico: “Los dirigentes sindicales ya no pueden sindicalizarse como hace veinte años, porque las bandas criminales están al acecho”, advirtió. El 2025 ya suma 26 trabajadores asesinados en el sector de construcción civil.
Por su parte, desde el Poder Judicial se reconoció que su capacidad de acción está seriamente limitada. Jhony Contreras, presidente de la Corte Suprema, subrayó las presiones políticas que enfrenta su institución. “El poder político pretende imponerse a la labor judicial. Nuestra independencia está amenazada desde el momento en que dependemos de otro poder del Estado para nuestro presupuesto. No podemos ni aumentar el número de jueces”, lamentó.
Para Carlos Basombrío, exministro del Interior, el problema es estructural y planteó una respuesta multisectorial. “No puede haber divorcio entre la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Si no hay coordinación entre estas instituciones, no hay justicia, y sin justicia no hay democracia”.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA E INFILTRACIÓN DE ECONOMÍAS ILEGALES
Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) defensora de los derechos de los pueblos indígenas, alzó una crítica contundente al modelo democrático actual. Lamentó que los pueblos originarios sean incluidos solo en tiempos de elecciones. Además, denunció que, sin participación política efectiva en sus territorios, las comunidades indígenas quedan desprotegidas frente a economías ilícitas como narcotraficantes, traficantes de terrenos y mineros ilegales.
Desde el enfoque territorial, la vicegobernadora de Pasco, Doris Guillermo, y Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros llamaron a repensar el proceso de descentralización: “Tenemos gobiernos regionales que, cuando hay crisis, voltean a ver al gobierno nacional. Es fundamental posicionar al Estado en los territorios”, refirió Bermúdez.
“Es necesario una mayor autonomía de las regiones, para no depender del gobierno central, como en el caso de la minería ilegal, en donde requerimos del Ministerio de Energía. Si nuestra dirección a nivel regional tuviera mayores competencias, la fiscalización podría ser más efectiva”, aseveró Doris Guillermo.
Además, Bermúdez también propuso una reforma urgente de la Policía Nacional, subrayando los altos niveles de corrupción en sus filas. Para ella, la respuesta al crimen no puede ser solo policial, sino también estructural, política y ética.
Para la teniente alcaldesa de Nazca, Milagros Salazar, se debe considerar la diversidad regional. “No todas las economías ilegales afectan de la misma manera a cada territorio. Necesitamos soluciones diferenciadas y articuladas con las autoridades locales”.
PRODUCTIVIDAD PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD
En un país donde más del 70% de los trabajadores se desempeñan en la informalidad, pensar en crecimiento económico sin tocar este tema parece un sinsentido. Así lo advierte Diego Macera, economista y exdirector del Instituto Peruano de Economía (IPE): “La formalidad es importante porque nos lleva a la productividad. No se trata solo de cumplir con reglas, sino de generar empleo digno, encadenarse con proveedores y permitir que los pequeños negocios crezcan de manera sostenible”, señaló.
Pero formalizarse no es fácil. “No podemos ir lanzando RUCs por todo el Perú y decir que somos un país formal”, ironiza Macera. Existen barreras complejas: permisos sectoriales, trámites engorrosos y un sistema tributario poco amigable. Además, los costos extrasalariales complican la contratación “Conforme las personas van generando más dinero, también tienen que pagar más. Eso hace que muchas elijan la informalidad”.
En esa misma línea, César Manuel Quispe, viceministro de MYPE e Industria, reconoció los desafíos estructurales que enfrentan los emprendedores en Perú. “Vivimos en una cultura de desconfianza. Formalizarse sigue siendo un camino lleno de trabas y burocracia”, explicó. Anunció el impulso de una ventanilla única laboral y una política nacional de formalización que conecte a las MYPES con cadenas de valor y proveedores confiables. “El tránsito a la formalidad no es solo un ideal, es una necesidad para elevar la productividad y garantizar derechos”, enfatizó.
Para el alcalde de Chancay Juan Álvarez podrían haber oportunidades de desarrollo formal si hubiera una planificación ordenada. El megapuerto de Chancay trae tecnología “pero no está adecuado a las exigencias de nuestra población”. Por su parte, Elena Ríos, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash cuestionó “¿De qué sirve tener megaproyectos si no se invierte en la ciudad que los recibe?”. Asimismo, Ríos alertó sobre la falta de formación técnica y universitaria que prepare a los jóvenes para integrarse en la nueva economía portuaria.
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Rolando Capucho, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), dejó claro que no se puede hablar de desarrollo si no se toma en cuenta la prevención frente a desastres, pues estos no solo pueden generar daños en la infraestructura de las ciudades, sino también cobrar la vida de personas.
En esa línea, aseveró que realizan un trabajo de prevención de riesgos de desastres en todas las regiones, pero que la ejecución de sus planes dependen de los gobiernos regionales y subnacionales, los cuales no siempre priorizan dentro su gestión a la prevención de desastres.
“Los municipios y gobiernos regionales son quienes tienen que tomar la responsabilidad y tomar las medidas oportunas. La prevención es una tarea que corresponde a los tres niveles de Gobierno”, refirió.
Por otro lado, Freddy Marrero, director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Huancavelica sostuvo que es necesario “empezar a dar infraestructura en salud, educación, conectividad, electricidad, entre otros”, pero para ello, es urgente cambiar el enfoque”.
Por su parte, Juan Pacheco,gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, recalcó que “no es lo mismo hacer un proyecto en Lima que en Iquitos o en Piura. La planificación debe ser territorial. Solo con presupuesto público no alcanza. Se requiere de inversión privada y del compromiso del Estado”.
Miriam Quispe, docente de la UNI, concluye: “Faltan estrategias para concientizar a la sociedad. En la UNI estamos actualizando nuestro modelo educativo para incorporar sostenibilidad. La educación también debe sumarse a este reto”.
El Perú no puede crecer si no se formaliza, si no invierte en infraestructura básica, si no recupera la confianza de quienes arriesgan para emprender. Pero sobre todo, no podrá crecer si no construye un país donde la ciudadanía tenga las herramientas para participar, decidir y exigir.
PRINCIPALES PROPUESTAS:
